El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han alcanzado un acuerdo financiero de gran envergadura, marcado por el desembolso de 140 millones de dólares en favor del país. Este compromiso se enmarca dentro del programa de 40 meses, denominado «Servicio Ampliado del FMI», destinado a respaldar a una economía salvadoreña cuyo crecimiento actual supera las previsiones iniciales. A cambio de esta inyección de liquidez, el gobierno de Nayib Bukele se ha comprometido a poner fin al uso de fondos públicos para la adquisición de Bitcoin, una concesión clave que estabiliza sus relaciones con la institución multilateral.
A pesar de esta estricta directiva del FMI que estipula que ninguna acumulación adicional de criptomonedas debe ser financiada con fondos estatales, la reserva nacional continúa creciendo paradójicamente, alcanzando recientemente las 7 762 unidades de Bitcoin. Para justificar este incremento sin infringir los términos del tratado, las autoridades salvadoreñas recurren ahora a un sistema de donaciones privadas. Estos aportes, gestionados por la Oficina Bitcoin al margen del presupuesto tradicional, permiten a la administración mantener su estrategia pro-cripto, asegurando al mismo tiempo a los auditores internacionales que el Tesoro público no se utiliza para estas transacciones.
Más allá de la cuestión de las compras de criptomonedas, este acuerdo marca un giro operativo significativo. El gobierno ha aceptado las condiciones estructurales impuestas por sus acreedores, concretamente al hacer que el Bitcoin sea opcional para los comerciantes y al recentrar el pago de impuestos en el dólar estadounidense. Por otra parte, la gestión de la billetera digital estatal, Chivo, ha sido delegada a una entidad privada. Estas medidas demuestran una voluntad de normalización presupuestaria, preservando al mismo tiempo la imagen del país como pionero en la adopción institucional de activos digitales.
Este arreglo representa un equilibrio diplomático sutil donde cada parte preserva su postura oficial. El FMI evita validar públicamente la inversión estatal en la volatilidad del mercado cripto, mientras que el presidente Bukele conserva su reserva estratégica sin tener que retractarse de sus compromisos previos. Este caso de estudio único ilustra las tensiones entre la soberanía monetaria digital y el rigor financiero internacional, sentando un precedente que observan de cerca otras naciones que, al igual que Bután o Estados Unidos, se cuestionan hoy sobre la integración de Bitcoin en sus propias estrategias nacionales.