Una coalición internacional que agrupa a siete agencias de ciberseguridad e inteligencia, incluyendo el FBI y la policía japonesa, lanzó recientemente una alerta mayor sobre las actividades del grupo de hackers norcoreanos bautizado WaterPlum. Este colectivo, también conocido bajo el nombre de «Contagious Interview», orquesta una sofisticada campaña de ciberdelincuencia que apunta principalmente a desarrolladores que trabajan en los sectores de la inteligencia artificial y el blockchain. En menos de un año, entre diciembre de 2025 y julio de 2026, estos piratas lograron infectar más de 30 000 dispositivos en un centenar de países, causando pérdidas estimadas en 10,71 millones de dólares.

El modus operandi se basa en una ingeniería social muy bien ejecutada: los hackers se hacen pasar por reclutadores creíbles para atraer a ingenieros freelance hacia pruebas técnicas trampa. Durante estas evaluaciones, se incita a las víctimas a instalar paquetes de software que contienen malware oculto. Una vez ejecutados, estos programas maliciosos, como BeaverTail o InvisibleFerret, actúan como puertas traseras, extrayendo instantáneamente las credenciales, las claves privadas y la totalidad del contenido de las carteras digitales de los desarrolladores.

La investigación reveló aspectos estructurales preocupantes, en particular la puesta en marcha de «granjas de ordenadores» en Japón, donde intermediarios locales alojan y controlan de forma remota máquinas utilizadas por agentes norcoreanos. Estas operaciones, estrechamente vinculadas al 313.º Buró General del Partido del Trabajo de Corea, tienen una doble finalidad: la financiación del régimen mediante el robo de divisas digitales y el espionaje industrial. Las autoridades subrayan, por otro lado, el carácter casi industrial de estos ataques, notando, con un toque de ironía, que los miembros del grupo interrumpen sus actividades maliciosas durante los días festivos oficiales de su país.

Ante esta amenaza persistente, los organismos de seguridad privilegian ahora la doctrina de la atribución pública, con el fin de nombrar explícitamente a los autores de los ataques para fomentar una toma de conciencia global. Esta estrategia de defensa requiere una mayor vigilancia por parte de los reclutadores y las empresas del sector tech, a quienes se invita a reforzar drásticamente sus protocolos de verificación. A pesar de esta puesta en luz, los expertos coinciden en que la resiliencia de las infraestructuras digitales depende de un cambio profundo en las prácticas de seguridad durante los procesos de contratación técnica, en un ecosistema crypto donde la menor brecha puede acarrear consecuencias financieras irreversibles.