El panorama financiero estadounidense se prepara para dar un paso decisivo en lo que respecta a la tenencia de activos digitales por parte del Estado federal. El próximo 16 de septiembre, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes examinará la American Reserve Modernization Act, una propuesta legislativa que busca institucionalizar la gestión de los bitcoins en manos de Washington. Hasta ahora, esta reserva dependía exclusivamente de un decreto presidencial de marzo de 2025. Al elevar estas normas a rango de ley, el Congreso pretende estabilizar el marco jurídico de estos activos, marcando una transición fundamental hacia una política de Estado sostenible.

El proyecto de ley, impulsado por el representante Nick Begich, propone una reestructuración clara de la cartera digital federal. En concreto, el texto aspira a transferir los bitcoins confiscados y legalmente disponibles al Tesoro, creando además un inventario diferenciado para las demás criptomonedas en posesión de las agencias gubernamentales. Una enmienda clave, presentada por Bryan Steil, impone una estrategia de retención estricta: las reservas de BTC deberán conservarse durante al menos veinte años antes de cualquier posible venta parcial, la cual, además, quedaría sujeta a la aprobación previa del Congreso.

Más allá de la custodia, el dispositivo refuerza los mecanismos de vigilancia exigiendo informes anuales y auditorías independientes para garantizar una transparencia total. Cabe destacar, sin embargo, que las discusiones sobre una posible revalorización de los certificados de oro para financiar nuevas adquisiciones han sido excluidas de la última versión del texto. Esta omisión subraya el deseo de los legisladores de centrarse exclusivamente en la gestión y seguridad de los activos existentes, en lugar de recurrir a mecanismos de compra agresivos o manipulaciones complejas de la reserva de oro.

El análisis de este proyecto de ley representa un desafío importante para la credibilidad institucional de los activos digitales en Estados Unidos. Aunque el texto no constituye una orden de compra masiva ni una revolución monetaria inmediata, materializa una voluntad política de estructuración a largo plazo. Para los actores del sector, ver cómo la principal potencia mundial consagra legalmente a Bitcoin como un activo estratégico es una señal contundente, que consolida aún más el lugar de esta criptomoneda dentro de las reservas soberanas modernas.