La economía francesa atraviesa una zona de turbulencias marcada por un deterioro continuo de su mercado laboral. La tasa de desempleo ha alcanzado el 8,3 % de la población activa, un nivel inédito desde finales de 2020. Esta tendencia al alza, constatada durante seis trimestres consecutivos, ilustra una dinámica estructural más que un simple bache pasajero. En total, unas 62 000 personas adicionales se han sumado a las filas de demandantes de empleo en el periodo reciente, elevando el número total de ciudadanos en búsqueda activa a 2,7 millones.

La situación afecta a todos los grupos de edad, aunque las disparidades son pronunciadas. Los jóvenes activos, de entre 15 y 24 años, están particularmente expuestos con una tasa de desempleo que alcanza el 21,6 %, lo que representa más de uno de cada cinco jóvenes. Los segmentos con más experiencia no se libran, ya que la tasa llega al 7,5 % para el grupo de 25-49 años y al 5,5 % para los mayores de 50 años. Esta fragilidad generalizada se inscribe en un contexto de crecimiento estancado, tras haber rozado el país la recesión técnica durante el último trimestre.

Ante esta ralentización económica, el gobierno, bajo el impulso de Sébastien Lecornu, adopta una estrategia de prudencia extrema para el proyecto de ley de presupuestos de 2027. El ejecutivo prioriza ahora un presupuesto denominado «reversible» y voluntariamente minimalista. El objetivo ya no es impulsar reformas estructurales ambiciosas, sino presentar un texto lo suficientemente neutro como para evitar una censura inmediata en el Parlamento, donde los equilibrios políticos siguen siendo precarios.

Los desafíos financieros son, no obstante, cruciales, con una deuda pública que supera ya el 117 % del PIB. El objetivo inicial de reducir el déficit al 5 % se convierte, según numerosos expertos, en una meta difícil de alcanzar sin medidas correctivas contundentes. Al priorizar la supervivencia parlamentaria frente a una política de recuperación agresiva, el gobierno intenta maniobrar en un espacio político cada vez más restringido, condicionado por la doble necesidad de mantener la estabilidad institucional y responder al agotamiento del poder adquisitivo de los hogares.