El ecosistema francés de activos digitales marca un hito crucial con la celebración del primer Foro de (ciber)seguridad, una iniciativa conjunta de la Ligue pour la Sécurité du Web3 (LSW3) y la ADAN. Este encuentro refleja una toma de conciencia colectiva ante la multiplicación y profesionalización de las amenazas. El espectro de riesgos se extiende ahora más allá del ámbito puramente digital: a los ataques de phishing y las filtraciones de datos que afectan a las plataformas, se suman agresiones físicas dirigidas directamente a los titulares de criptomonedas y a los directivos del sector.

El diagnóstico realizado durante las mesas redondas subraya la urgencia de la situación. El phishing sigue siendo la amenaza predominante, exacerbada por las filtraciones de información que debilitan la seguridad de los usuarios. Paralelamente, los recientes incidentes de seguridad que han afectado a varios prestadores de servicios sobre activos digitales (PSAN) han puesto de manifiesto la vulnerabilidad sistémica de las infraestructuras actuales. Estas brechas no solo representan un peligro para los activos, sino que también amenazan la confianza global necesaria para el desarrollo sostenible del mercado cripto francés.

Los debates también destacaron el papel fundamental de las autoridades judiciales y de Tracfin. Un dato resulta llamativo: aunque anualmente se registran millones de denuncias en el país, menos del 10 % desembocan en la apertura de una investigación judicial. Ante esta complejidad, los magistrados reclaman una experiencia híbrida que combine la criminalidad financiera con la ciberdelincuencia. La escasez de perfiles técnicos especializados, capaces de analizar los flujos on-chain, sigue siendo un desafío importante para el tratamiento eficaz de expedientes criminales complejos que involucran criptoactivos.

El éxito duradero de esta estrategia depende ahora de una cooperación reforzada entre el sector público y el privado. Si bien las autoridades manifiestan una necesidad creciente en materia de rastreo y análisis técnico, el marco operativo aún debe aclararse. La falta de normalización en los informes de investigación suministrados por actores privados limita su admisibilidad judicial. El acercamiento iniciado por la ADAN y la LSW3 tiene como objetivo, por tanto, instaurar un diálogo normativo indispensable para transformar estas herramientas de análisis en palancas jurídicas aprovechables por los investigadores.