El regulador financiero europeo, la ESMA, ha emitido recientemente una severa advertencia sobre las plataformas de mercados predictivos Polymarket y Kalshi. Según sus análisis, estos actores clave ofrecen contratos sobre eventos en territorio europeo sin contar con las licencias requeridas. La institución señala la incoherencia entre las prácticas de estas empresas y el marco normativo de la Unión, subrayando que las medidas de restricción geográfica implementadas por estas plataformas son ampliamente ineficaces frente al uso masivo de redes privadas virtuales (VPN).

El rompecabezas jurídico que rodea a estas herramientas se basa en una triple clasificación posible. La ESMA considera que estos contratos, que operan mediante un mecanismo binario, podrían equipararse a las opciones binarias, prohibidas para inversores minoristas en Europa desde 2018. Por otro lado, el uso de stablecoins y redes blockchain por parte de Polymarket podría someterlas al reglamento MiCA, mientras que algunos Estados miembros prefieren categorizarlas como servicios de apuestas ilegales. Hasta la fecha, ninguna de estas vías permite a dichas plataformas operar legalmente dentro del mercado único, ante la falta de una autorización formal.

La situación contrasta fuertemente con el enfoque estadounidense, donde ambas empresas cuentan con la supervisión federal de la CFTC. Esta legitimidad al otro lado del Atlántico ha permitido valoraciones espectaculares: Kalshi ostenta ahora una capitalización de 22 000 millones de dólares, mientras que Polymarket, respaldado por el gigante ICE, está valorado en cerca de 8 000 millones de dólares. Este éxito financiero ilustra un interés creciente por las apuestas sobre la actualidad que Europa, ante la ausencia de una oferta regulada local, tiene dificultades para encuadrar.

Los desafíos para el regulador europeo son dobles: proteger a los inversores minoristas y evitar la fuga de capitales hacia zonas no supervisadas. Aunque la ESMA busca coordinar una respuesta común, el poder de sanción real permanece en manos de las autoridades nacionales como la AMF en Francia. A la espera de un marco de acreditación específico similar al modelo estadounidense, el mercado europeo se fragmenta, empujando a los usuarios hacia soluciones opacas y eludiendo así cualquier forma de control prudencial o fiscalidad adecuada.