Documentos judiciales revelados recientemente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) han sacado a la luz las tácticas operativas de las Brigadas al-Qassam, el brazo armado de Hamas, en lo que respecta a la recaudación de fondos digitales. En febrero de 2025, una comunicación interceptada por el FBI reveló que la organización proporcionaba instrucciones precisas a sus donantes, instándoles explícitamente a no finalizar sus transacciones a través de la plataforma Binance. Aunque el servicio se considera aceptable para la adquisición inicial de activos digitales, está formalmente desaconsejado para la transferencia final hacia los monederos de recepción de la organización.
En lugar de Binance, los instigadores privilegiaban el uso de alternativas como Trust Wallet, Bybit, OKX, o incluso los servicios de pago Kast y RedotPay. Esta estrategia buscaba principalmente canalizar tokens USDT a través de la red blockchain Tron (TRC-20). No obstante, es crucial subrayar que la mención de estas entidades en las comunicaciones de Hamas no constituye en absoluto una prueba de complicidad o facilitación por parte de las plataformas citadas, las cuales aplican estrictos procedimientos de verificación de identidad (KYC).
Estas directrices reflejan una adaptación constante frente a las herramientas de vigilancia financiera. Históricamente, Hamas utilizó durante mucho tiempo Bitcoin para sus campañas de financiación, antes de dar marcha atrás en 2023 debido a la eficacia creciente del análisis on-chain, que permitía a las autoridades rastrear los flujos y proteger a los donantes de posibles sanciones. El paso hacia stablecoins como el USDT en la red Tron demuestra un intento de mantener flujos financieros clandestinos a pesar de la mayor presión regulatoria a escala internacional.
Las consecuencias de estos esfuerzos de ocultación siguen siendo limitadas frente a la capacidad de acción de los reguladores. A lo largo del año 2025, las autoridades estadounidenses han llevado a cabo varias operaciones exitosas, logrando incautar cerca de 560 000 dólares en criptomonedas vinculadas a estas actividades. Este éxito subraya una realidad tecnológica innegable: la naturaleza pública de los registros blockchain hace posible la congelación de activos una vez que las direcciones son identificadas e incluidas en listas negras, independientemente del método de transferencia utilizado por los actores malintencionados.
En definitiva, este episodio ilustra los desafíos fundamentales a los que se enfrenta el ecosistema cripto: la lucha permanente contra la financiación de actividades ilícitas. Si bien las organizaciones criminales intentan explotar la diversidad de los servicios descentralizados o las pasarelas de pago para borrar sus huellas, la mayor colaboración entre los servicios de inteligencia y los analistas de blockchain reduce drásticamente su margen de maniobra. El anonimato total, a menudo percibido como la promesa de la tecnología, choca ahora con una trazabilidad cada vez más sofisticada, haciendo que el uso de criptomonedas con fines terroristas sea cada vez más complejo y arriesgado.