En la región montañosa de la Sierra Norte, en México, las autoridades han frenado una operación clandestina de gran escala. Durante un registro realizado cerca del municipio de Tlaola, en el estado de Puebla, las fuerzas del orden descubrieron una infraestructura de minage de cryptomonnaies oculta en un edificio en ruinas. El lugar, que fue delatado por un constante zumbido mecánico audible a cientos de metros, albergaba cerca de 300 cartes graphiques (GPU), además de equipos de transmisión satelital y transformadores eléctricos.
El *modus operandi* deja pocas dudas sobre la implicación de organizaciones criminales. Los investigadores sospechan que esta granja, la cuarta de su tipo identificada en la zona desde 2025, sustraía electricidad directamente de la barrage hydroélectrique de Presa de Necaxa. Al eludir por completo los costes energéticos, que suelen representar el gasto principal de esta actividad, los carteles logran maximizar la rentabilidad de su empresa ilícita mientras generan un flujo de divisas digitales difícil de rastrear.
La naturaleza del material incautado arroja luz sobre la estrategia de los operadores. Dado que el minado de Bitcoin es prácticamente imposible con GPU convencionales frente a la potencia de las máquinas especializadas (ASIC), es altamente probable que estas instalaciones se centren en el Monero (XMR). Esta criptomoneda es especialmente valorada por el crimen organizado debido a sus protocolos de privacidad avanzados, que permiten ocultar direcciones, importes e historial de transacciones, facilitando así el blanchiment d'argent a gran escala.
Más allá del aspecto técnico, esta incautación ilustra una preocupante mutación en los métodos de financiación de los carteles mexicanos, como el CJNG o el cartel de Sinaloa. La minería ofrece la ventaja estratégica de obtener tokens «vírgenes», sin historial on-chain sospechoso, lo que simplifica su reintroducción en el circuito financiero legal. Según los expertos en ciberseguridad, el recurso a estas prácticas habría aumentado más de un 55 % en un año en México, lo que subraya una profesionalización creciente de las estructuras criminales dentro del ecosistema de activos digitales.
Este suceso se enmarca en un contexto internacional de mayor vigilancia sobre los circuitos de blanqueo mediante criptomonedas. Mientras las autoridades estadounidenses endurecen sus sanciones contra las redes de conversión de fondos ilícitos, esta serie de desmantelamientos en México pone de relieve la vulnerabilidad de las infraestructuras energéticas locales frente a la ciberdelincuencia. El desafío para los Estados es ahora asegurar sus redes de distribución eléctrica y, al mismo tiempo, reforzar la trazabilidad de los flujos financieros digitales para frenar este fenómeno global.