El Reino Unido tiene una ambición política clara: convertirse en un hub mundial de primer nivel para los activos digitales. Sin embargo, la realidad del sector bancario británico dibuja un panorama radicalmente distinto. Actualmente, nueve de las diez instituciones financieras más grandes del país imponen restricciones drásticas, que van desde topes estrictos hasta el bloqueo total de las transferencias destinadas a plataformas de intercambio de criptomonedas. Entidades importantes como Chase UK han suspendido pura y simplemente estas transacciones, mientras que otras, como NatWest, Santander o HSBC, imponen límites diarios y mensuales especialmente restrictivos para los particulares.

Esta cautela bancaria tiene su origen en una gestión prudente de los riesgos operativos, y más específicamente en la lucha contra el fraude. Desde octubre de 2024, los bancos británicos están obligados legalmente a reembolsar a las víctimas de fraudes en transferencias autorizadas, con una responsabilidad financiera que puede alcanzar las 85.000 libras por caso. Para limitar su exposición a estas estafas, a menudo orquestadas a través de plataformas de activos digitales, los bancos prefieren erigir barreras sistemáticas, incluso a costa de empujar a una clientela estimada en cerca de 7 millones de personas hacia soluciones alternativas o entidades de dinero electrónico menos restrictivas.

La Financial Conduct Authority (FCA) ha confirmado recientemente que no tiene intención de intervenir para forzar la apertura de las restricciones. Incluso tras la entrada en vigor de su nuevo marco regulatorio completo, prevista para el 25 de octubre de 2027, las instituciones bancarias mantendrán una libertad total en cuanto a su apetito por el riesgo. El regulador considera que la aplicación de normas estrictas para las plataformas cripto debería ser suficiente para generar confianza, sin que ello suponga eliminar el derecho de los bancos a rechazar comercialmente ciertas transacciones, incluso cuando son emitidas por actores autorizados.

Los obstáculos no son solo transaccionales, sino que también afectan a la fiscalidad. Aunque el acceso a los ETN (Exchange Traded Notes) respaldados por Bitcoin ha sido autorizado para los particulares, su integración en vehículos fiscales ventajosos como las ISA sigue siendo prácticamente imposible en la práctica. El Tesoro ha restringido esta posibilidad a las IFISA, un vehículo de inversión extremadamente inusual entre los brókeres. Este doble perjuicio —bloqueo de transferencias de capital y exclusión de beneficios fiscales— subraya una fractura persistente entre la voluntad política de Westminster de promover la innovación financiera y el rigor conservador de los grandes grupos bancarios.