El panorama regulatorio estadounidense de los activos digitales acaba de sufrir un freno importante. El 15 de septiembre de 2026, el Senado de los Estados Unidos rechazó la moción de cierre sobre la Digital Asset Market Clarity Act, al no alcanzar el umbral indispensable de 60 votos. A pesar de la presentación de un compromiso de más de 600 páginas que integraba numerosas concesiones, la iniciativa legislativa se topó con dos obstáculos insuperables: controversias éticas en torno a conflictos de intereses en la cúpula del Estado y una firme oposición del sector bancario tradicional, inquieto por las normas de emisión de los stablecoins.

La sanción de los mercados fue inmediata y brutal. La cotización del Bitcoin perforó el nivel de soporte de los 75 000 dólares, registrando un retroceso superior al 5 % en 24 horas y alejándose cerca de un 40 % de su máximo histórico de octubre de 2025. Esta sacudida provocó una cascada de liquidaciones que afectó a más de 120 000 traders, por un importe global que supera los 769 millones de dólares, principalmente en posiciones compradoras. En consecuencia, las acciones de empresas con alta exposición a las cripto, como Coinbase y Strategy, sufrieron fuertes caídas, mientras que las empresas de minería mostraron una resistencia relativa.

Este deterioro del sentimiento del mercado se ve acentuado por un entorno macroeconómico desfavorable. Con una inflación estadounidense que ha repuntado al 3,4 % y un barril de petróleo Brent que supera los 106 dólares en un contexto de tensiones geopolíticas, los inversores anticipan en un 92 % una subida de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de la Reserva Federal. Ni siquiera los flujos de entrada positivos en los ETF Bitcoin al contado han logrado contener la presión vendedora, eclipsados por los temores de un endurecimiento monetario.

El abandono previsible de este texto prolonga la incertidumbre estratégica para la industria de los criptoactivos en Estados Unidos. Ante la falta de un marco legislativo unificado que reparta claramente las prerrogativas entre la SEC y la CFTC, las empresas deberán seguir operando bajo regulaciones sectoriales fragmentadas. A medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato de noviembre, los organismos de lobby del sector se preparan para revisar su estrategia política, mientras el mercado permanece, ante todo, pendiente de las decisiones del banco central estadounidense.