Durante la reciente cumbre de Jackson Hole, el Banco de Pagos Internacionales (BPI) expresó una firme oposición a que las stablecoins se conviertan en un medio de pago universal. Pablo Hernández de Cos, su director general, sometió a estos activos digitales a un examen riguroso basado en cuatro pilares: la unidad de valor, la elasticidad ante la liquidez, la interoperabilidad entre redes y la integridad financiera. Según la institución, las stablecoins fallan sistemáticamente al cumplir con estas condiciones, lo que genera riesgos sistémicos debido, principalmente, a su volatilidad en los mercados secundarios y a su falta de conexión directa con los mecanismos de los bancos centrales.
En oposición directa a este diagnóstico, el BPI postula los depósitos tokenizados como la alternativa institucional ideal. Este modelo se basa en el registro de los fondos bancarios tradicionales en libros contables distribuidos, lo que garantiza una liquidación final en dinero de banco central. La principal ventaja señalada por la organización es la preservación de la estructura financiera existente, evitando así las tensiones en los tipos de interés a corto plazo que podrían provocar las recompras masivas de bonos del Tesoro por parte de los emisores de stablecoins. Sin embargo, esta tecnología sigue siendo teórica por el momento, ya que aún no existe un ecosistema interoperable a gran escala que esté operativo.
Mientras la autoridad internacional refina su doctrina, los gigantes de Wall Street, como JPMorgan, adoptan una estrategia híbrida. En lugar de elegir entre la innovación descentralizada y el marco bancario tradicional, estas instituciones trabajan activamente en el despliegue de sus propias soluciones. Entidades como Bank of America, Wells Fargo y Santander exploran la creación de activos digitales comunes para facilitar las transacciones transfronterizas, lo que demuestra su determinación de no ceder el terreno de las stablecoins a emisores privados independientes.
Los retos de esta oposición cristalizan una profunda fractura geográfica sobre la gestión del futuro financiero. Mientras que Estados Unidos parece privilegiar un enfoque liderado por el sector privado —respaldado por legislaciones como el GENIUS Act—, Europa, bajo el impulso del Banco Central Europeo, apuesta por el desarrollo de infraestructuras públicas on-chain. Esta divergencia ilustra la voluntad de los reguladores de apropiarse de la «fontanería» tecnológica de las criptomonedas para modernizar el sistema monetario actual, neutralizando al mismo tiempo los riesgos asociados a los tokens privados que, históricamente, escapan a su control directo.