El recrudecimiento de la violencia física contra los poseedores de criptoactivos marca un punto de inflexión preocupante para el sector. A escala mundial, las extorsiones y secuestros permitieron a los delincuentes robar 58 millones de dólares en 2025, un nivel récord que se superó ya en la primera mitad de 2026 con más de 30 millones de dólares sustraídos. Francia se ha convertido en uno de los principales focos de esta criminalidad, con un total de 77 casos de secuestro o intentos a mediados de 2026, frente a los 45 registrados en todo el año anterior. Esta oleada se explica por la democratización de las monedas digitales, que involucra a casi 6 millones de personas en el país, sumado a la proliferación de filtraciones de datos personales que permiten a los delincuentes cruzar direcciones físicas con patrimonios virtuales.
La preferencia de los secuestradores por los activos digitales se basa en características atractivas, aunque de doble filo. La rapidez de las transferencias y la ausencia de salvaguardas bancarias permiten extraer sumas colosales sin controles previos. Sin embargo, al contrario de la creencia popular sobre el anonimato total, la transparencia inherente a la blockchain hace que las transacciones sean totalmente rastreables. El caso del secuestro del cofundador de Ledger en enero de 2025 lo demostró: casi la totalidad del rescate pagado pudo ser rastreada y recuperada por las autoridades. Para contrarrestar esta trazabilidad, las redes criminales experimentadas se esfuerzan por oscurecer los flujos utilizando plataformas descentralizadas, puentes entre blockchains o infraestructuras basadas en jurisdicciones no cooperativas.
Ante esta amenaza, la cadena de respuesta judicial se apoya en la colaboración entre expertos en análisis en línea y magistrados. El objetivo consiste en seguir el historial de las billeteras hasta identificar plataformas de intercambio centralizadas, las únicas facultadas para congelar fondos mediante requisitoria judicial. En Francia, la Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués registra avances notables, con 16,2 millones de euros en criptoactivos incautados en 2025 frente a los 4,9 millones de euros en 2024. No obstante, a pesar de contar con magistrados especializados muy competentes, la falta crónica de recursos operativos frena el procesamiento masivo de los expedientes y limita la tasa global de recuperación.
Esta vulnerabilidad institucional favorece la aparición de riesgos secundarios, especialmente el auge de los falsos servicios de recuperación. Numerosos estafadores contactan a las víctimas prometiendo la devolución directa de sus tokens, a pesar de que ninguna entidad privada tiene el poder legal para ejecutar un embargo sin mandato judicial. En última instancia, si bien la recuperación de los fondos robados sigue siendo técnicamente posible tras una agresión, su éxito depende críticamente de la rapidez de las víctimas, de la complejidad del camino de ocultación seguido por los secuestradores y de la calidad de la cooperación judicial internacional.