El regulador bursátil estadounidense, la Securities and Exchange Commission (SEC), acaba de dar un paso administrativo crucial al enviar a la Casa Blanca un proyecto de regulación destinado a supervisar la custodia de activos digitales. Este texto, actualmente bajo examen de la Oficina de Gestión y Presupuesto, constituye una fase de revisión obligatoria antes de cualquier divulgación pública. El objetivo declarado es eliminar las persistentes incertidumbres para los asesores de inversión y las sociedades de gestión que desean mantener criptomonedas en nombre de sus clientes.
El marco jurídico actual, heredado en gran medida de leyes que datan de 1940 como el Investment Advisers Act, resulta inadecuado ante las especificidades técnicas de la blockchain. Tradicionalmente, los asesores deben confiar los activos de sus clientes a depositarios cualificados. Sin embargo, la gestión de las claves privadas y la naturaleza desmaterializada de los activos digitales hacen que la aplicación de estas normas antiguas sea especialmente compleja. Al modernizar estas reglas, la SEC busca cubrir un vacío legal que ha frenado la adopción institucional de las criptomonedas desde hace varios años.
Esta iniciativa se enmarca en la voluntad manifiesta de la nueva dirección de la SEC, encabezada por Paul Atkins, de estructurar el mercado de activos digitales sin esperar a una legislación integral por parte del Congreso. Este proyecto se distingue claramente de la estrategia anterior, notablemente por el abandono de la «Safeguarding Rule» impulsada inicialmente por Gary Gensler, la cual buscaba un enfoque más restrictivo y amplio. A partir de ahora, el regulador parece priorizar una adaptación pragmática de las normas vigentes para asegurar el ámbito de intervención de los asesores financieros.
El calendario regulatorio prevé ahora un proceso riguroso: tras el visto bueno de la Casa Blanca, el texto será sometido a votación por parte de los comisionados, dando paso a un periodo de consulta pública de al menos 60 días. Durante esta fase, los actores institucionales y los especialistas en custodia de activos podrán presentar sus observaciones para ajustar la directiva. Aunque la entrada en vigor efectiva no se espera hasta dentro de varios meses, este paso marca un punto de inflexión significativo para el ecosistema financiero estadounidense, que por fin podría contar con una base normativa clara y estable.