La Casa Blanca ha dejado atrás oficialmente las llamadas a la prudencia respecto al desarrollo de las tecnologías inteligentes. Al rechazar las peticiones de moratoria formuladas por una parte de Silicon Valley y del mundo académico, la administración Trump impone una estrategia de marcha forzada. Este "America’s AI Action Plan", eje central de la política actual, busca garantizar la supremacía tecnológica estadounidense frente a China mediante un despliegue masivo de recursos financieros, ejemplificado en el programa Stargate, dotado con 500 000 millones de dólares.
En el epicentro de esta dinámica, los actores de la minería de Bitcoin desempeñan un papel de catalizador inesperado. Ante la rentabilidad fluctuante tras el halving, estas empresas han hallado una fuente de ingresos vital reconvirtiendo sus infraestructuras energéticas en centros de datos dedicados a la inteligencia artificial. Gracias a su acceso privilegiado a emplazamientos ya conectados a la red eléctrica —un recurso que se ha vuelto escaso y estratégico—, actores como IREN, Cipher Mining o TeraWulf han asegurado lucrativos contratos plurianuales con gigantes como Microsoft y Google. Esta transición convierte a estos mineros en pilares de la infraestructura digital nacional.
La doctrina de desregulación, impulsada inicialmente por David Sacks, parece profundamente arraigada en el aparato estatal, tratando el auge de las criptomonedas y la IA con una visión unificada. El desafío es tanto geopolítico como económico: se trata de impedir que Pekín recorte distancias, aun cuando China muestra avances tecnológicos notables con modelos como los de Moonshot AI. Sin embargo, esta carrera desenfrenada ejerce una presión sin precedentes sobre la red eléctrica estadounidense, provocando una subida espectacular de los precios de la energía en el mercado mayorista.
Aunque la estrategia de Washington prioriza la velocidad y la competitividad, ahora se enfrenta a la realidad de los costes energéticos para los particulares y las industrias locales. A medida que se intensifican las tensiones internacionales por los componentes avanzados y el acceso a modelos de vanguardia, el equilibrio entre soberanía tecnológica y estabilidad económica se convierte en el nuevo campo de batalla. La administración apuesta por una victoria total en la carrera por la IA, pero esta aceleración sin frenos empieza a afectar al poder adquisitivo, situando el debate energético en el centro de las próximas citas electorales.