La administración fiscal surcoreana, el National Tax Service (NTS), acaba de establecer una jurisprudencia estricta sobre los activos digitales custodiados en plataformas extranjeras en situación de quiebra. Al contrario de lo que muchos inversores esperaban, el cese de actividad de un exchange no exime a los contribuyentes de sus obligaciones de declaración. A partir de ahora, todo residente que posea cuentas en plataformas en liquidación está obligado a declararlas, independientemente de si los fondos están congelados, son inaccesibles o se encuentran bloqueados en un complejo proceso judicial.
Esta decisión llega tras el examen de un caso específico que involucraba a un residente cuyos criptoactivos permanecían bloqueados en una plataforma extranjera desde hace años. El fisco ha sido tajante: la obligación fiscal está vinculada a la existencia administrativa de la cuenta y no a la posibilidad real de que el titular disponga de sus fondos. Esta interpretación se basa en la ley de ajuste fiscal internacional, que impone una declaración siempre que el saldo acumulado de las cuentas extranjeras supere el umbral crítico de 500 millones de wones —aproximadamente 325 000 euros— en cualquier momento durante el ejercicio fiscal.
Las implicaciones de esta medida son considerables dado el volumen de activos digitales que las autoridades supervisan actualmente. En el presente año, se han declarado activos cripto por un valor de 10,5 billones de wones, una cifra impulsada principalmente por particulares, cuyas declaraciones han aumentado un 5,4 %. Esta apuesta por la transparencia total se enmarca en una estrategia más amplia de Seúl, que desde principios de 2026 ha intensificado las iniciativas para fortalecer la vigilancia del ecosistema cripto, incluyendo la expulsión de plataformas extranjeras no certificadas y una mayor regulación de los flujos transfronterizos.
Más allá del aspecto meramente administrativo, esta decisión marca un paso adicional en el endurecimiento de la regulación surcoreana. Mientras que numerosos usuarios de plataformas que han colapsado, como FTX, siguen esperando el reembolso parcial de sus acreencias, el fisco impone una rigurosidad que roza la paradoja financiera. Al mantener esta presión, Corea del Sur envía un mensaje claro a los inversores: la quiebra de un intermediario no constituye bajo ningún concepto una zona gris fiscal. El Estado mantiene su vigilancia sobre la totalidad de los activos digitales, independientemente de la viabilidad de las entidades que los alberguen.