La Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos acaba de dar un paso simbólico fundamental al aprobar la American Reserve Modernization Act (ARMA). Este proyecto legislativo busca institucionalizar la creación de una «Strategic Bitcoin Reserve», destinada a centralizar los activos digitales en manos del gobierno federal. Si bien esta iniciativa se alinea con las ambiciones manifestadas por la administración Trump, se enfrenta a una realidad presupuestaria implacable: el texto prohíbe formalmente recurrir a la deuda, a nuevos impuestos o a gastos deficitarios para adquirir tokens adicionales. En resumen, Washington pretende blindar sus activos sin desembolsar un solo dólar proveniente de las arcas públicas.

El proyecto responde a un problema de gestión operativa señalado por los legisladores, quienes consideran que la actual tenencia de bitcoins estadounidenses está demasiado fragmentada entre diversas agencias, como el FBI o el Departamento de Justicia. A día de hoy, Estados Unidos posee el tesoro soberano más grande del mundo, con 324 527 BTC, provenientes principalmente de incautaciones judiciales y valorados en cerca de 25 000 millones de dólares. La ARMA prevé no solo un inventario completo de estas reservas, sino que también impone una estrategia de conservación estricta: cada unidad depositada en la reserva deberá permanecer bloqueada durante un periodo mínimo de 20 años, creando así un mecanismo de retención duradero que podría influir en la liquidez del mercado a largo plazo.

Ante la imposibilidad de utilizar fondos presupuestarios, el texto explora soluciones contables innovadoras para aumentar estas reservas, como la conversión de otros activos digitales incautados, los ingresos aduaneros o incluso la colaboración con estados federados. Para garantizar la integridad de este dispositivo, se exige una transparencia total mediante auditorías trimestrales y pruebas criptográficas del control de las claves privadas. Es más, la protección física y cibernética de los activos se eleva al rango de prioridad nacional, movilizando recursos inéditos del departamento de la Defensa (DoD) y de Seguridad Nacional, una arquitectura de seguridad mucho más robusta que la dedicada tradicionalmente a las reservas de oro.

Más allá del aspecto técnico, este proyecto de ley conlleva una fuerte ambición geopolítica: reafirmar la supremacía financiera estadounidense en la era digital. Al posicionarse como líder en la carrera por la escasez del Bitcoin, Estados Unidos busca incentivar a otras naciones a seguir su modelo, protegiéndose al mismo tiempo contra una volatilidad que no desean financiar directamente mediante impuestos. Aunque el texto debe ahora convencer al Senado, los inversores permanecen divididos. Si bien la oficialización de una reserva soberana marca una victoria importante para la legitimidad de la criptomoneda, la ausencia de compras programadas en el mercado abierto modera las expectativas de un impacto alcista inmediato en el precio del BTC.