El 4 de septiembre de 2017 permanece grabado en la memoria como un punto de inflexión radical para el ecosistema de los activos digitales. Ese día, el Banco Popular de China, respaldado por otros seis reguladores, publicó un comunicado lapidario de dos páginas que marcaba la prohibición inmediata y total de las recaudaciones de fondos mediante Initial Coin Offerings (ICO) en suelo chino. Al calificar estas operaciones de fraude financiero equiparable a estructuras piramidales, las autoridades forzaron a los emisores a reembolsar a sus inversores, prohibiendo al mismo tiempo cualquier interacción bancaria con estos activos.
Las consecuencias financieras fueron inmediatas y brutales. Antes de este anuncio, el sector estaba en plena efervescencia, habiendo logrado recaudar cerca de 400 millones de dólares en solo ocho meses. En las horas posteriores a la publicación, el precio del Bitcoin cayó un 5 %, mientras que Ethereum sufría una corrección superior al 12 %. Algunos tokens locales, como NEO o Hshare, vieron cómo su capitalización se evaporaba en varios cientos de millones de dólares, provocando un pánico generalizado entre los operadores y los poseedores de tokens.
Más allá de la prohibición de las ICO, fue toda la infraestructura de intercambio china la que se desmanteló bajo la presión de las autoridades. Plataformas históricas como BTCC, Huobi y OKCoin se vieron obligadas a cesar sus actividades de trading, forzando a numerosos actores a exiliarse hacia jurisdicciones más benevolentes como Hong Kong, Japón o Singapur. Esta purga se intensificó con el paso de los meses, con el bloqueo del acceso a plataformas extranjeras, marcando el inicio de una política de restricción cada vez más severa.
Esta secuencia histórica reveló la capacidad de Pekín para hacer tambalear el mercado mundial con una simple decisión administrativa. La implicación mayor de este episodio es el inicio de un largo proceso de marginación de las actividades criptográficas en China, que culminó en 2021 con la prohibición formal de todas las transacciones y de la minería de criptomonedas. Este último punto provocó una deslocalización masiva de la potencia de cálculo mundial hacia Estados Unidos y Kazajistán, dejando constancia definitiva de la retirada de la potencia asiática del sector descentralizado.