El repunte de la tensión diplomática entre Teherán y Washington hace temer una expansión geográfica del conflicto. Según varias fuentes cercanas al régimen iraní, se están estudiando opciones de represalia que implican ataques directos contra instalaciones estadounidenses situadas en el sureste de Europa. Esta estrategia, que apuntaría en particular a bases militares en Bulgaria o Chipre, constituiría una respuesta a cualquier ofensiva estadounidense ejecutada desde dichas infraestructuras, consideradas por los Guardianes de la Revolución como bases de lanzamiento legítimas.

Más allá de la amenaza militar convencional, las autoridades iraníes también habrían examinado la posibilidad de sabotear los cables submarinos de fibra óptica situados en el estrecho de Ormuz. Una operación de este tipo paralizaría una parte importante del tráfico de datos intercontinental, incluidas las transacciones financieras mundiales. Aunque los expertos militares se muestran escépticos sobre la eficacia real de los ataques de largo alcance —señalando los precedentes fracasos balísticos en la base de Diego García—, el riesgo de una desestabilización económica mayor a través de estas infraestructuras críticas sigue siendo un motivo de seria preocupación para la comunidad internacional.

El aparato de seguridad iraní parece haber endurecido radicalmente su postura con el reciente nombramiento de figuras de la línea dura, como Mohsen Rezaei, en puestos de defensa estratégica. Esta reorganización interna refleja una voluntad de responder a la presión estadounidense con una postura de mayor confrontación. El discurso transmitido por Teherán sugiere que solo un alto coste impuesto a los intereses occidentales permitiría influir en las decisiones de Washington. Por su parte, el presidente estadounidense ha roto cualquier perspectiva de diálogo, intensificando las amenazas de represalias directas contra las infraestructuras iraníes en respuesta a las perturbaciones en el Golfo.

En el plano macroeconómico, estas amenazas pesan sobre los mercados, manteniendo el barril de Brent en torno a los 91 dólares. Esta prima de riesgo alimenta los temores inflacionistas y mantiene los tipos largos en niveles récord no vistos desde 2007. El futuro inmediato de la región depende ahora de un equilibrio precario: el mantenimiento de las negociaciones o, por el contrario, una escalada militar que transformaría una crisis regional en un conflicto con ramificaciones globales, afectando tanto a la seguridad física de las infraestructuras europeas como a la estabilidad de los flujos financieros digitales.