La Comisión Europea da un paso fundamental en la regulación de los espacios digitales al presentar la EU Kids Act, una iniciativa que busca blindar el uso de redes sociales e inteligencia artificial para los menores de edad. Bajo el impulso de Ursula von der Leyen, Bruselas propone una segmentación estricta: una prohibición total antes de los 13 años, seguida de un acceso regulado mediante cuentas restringidas y bajo supervisión parental hasta los 15 años. Este proyecto también aspira a limitar las funciones consideradas adictivas, como el desplazamiento infinito (scroll infinito) o los sistemas de notificaciones automatizadas, con el fin de prevenir problemas de comportamiento en los más jóvenes.
El principal desafío técnico de esta reforma reside en la implementación de un control de edad eficaz sin sacrificar la protección de la privacidad. Para evitar el recurso a una identificación intrusiva o a declaraciones juradas poco fiables, la Unión Europea apuesta por la cartera de identidad digital europea (EUDI Wallet). Este dispositivo se apoyará en la tecnología de pruebas de conocimiento cero, o zero-knowledge proofs. Heredado del ecosistema blockchain, este método criptográfico permite validar una información —en este caso, el cumplimiento de la mayoría de edad digital— sin exponer los datos personales sensibles del usuario.
Estos anuncios subrayan una dicotomía interesante en la estrategia legislativa de Bruselas. Mientras Europa adopta soluciones criptográficas sofisticadas para proteger el anonimato de los menores, endurece simultáneamente su marco regulatorio frente a los activos digitales. El futuro paquete contra el blanqueo de capitales, previsto para 2027, prohibirá de hecho a los proveedores de servicios de activos digitales (PSAN) el uso de cuentas o tokens que garanticen el anonimato. Este enfoque evidencia una voluntad política de controlar estrechamente los usos tecnológicos, distinguiendo al mismo tiempo radicalmente las aplicaciones de seguridad pública de las libertades que ofrecen los protocolos descentralizados.
A pesar de la ambición declarada, la aplicación concreta de esta ley estará sujeta a un largo proceso legislativo que involucrará al Parlamento y al Consejo Europeo. La comparación con iniciativas anteriores, como la ley francesa sobre la mayoría de edad digital que quedó en papel mojado, recuerda que la viabilidad jurídica y técnica sigue siendo el punto crítico. Si Europa logra normalizar este sistema de verificación robusto, podría establecer un nuevo estándar mundial, aunque deberá enfrentarse a los desafíos de la adopción tecnológica y a la resistencia de las plataformas frente a unas obligaciones de cumplimiento cada vez más pesadas.