El gobierno francés ha disipado recientemente las dudas que pesaban sobre el ahorro financiero de los particulares al confirmar el mantenimiento de los ETF sintéticos dentro del Plan d'Épargne en Actions (PEA). Esta decisión, anunciada por el ministro de Acción y Cuentas Públicas, descarta una reforma que inicialmente se contemplaba en el marco del proyecto de ley de presupuestos para 2027. Dicha medida de exclusión habría privado a millones de ahorradores de una herramienta esencial para diversificar sus carteras más allá de las fronteras europeas.
En el centro de este debate se encontraba el mecanismo de los fondos denominados «swappés» (de intercambio). Estos instrumentos financieros utilizan contratos de permuta para replicar el rendimiento de índices internacionales, como el S&P 500 o el Nasdaq, a pesar de que el PEA está diseñado estructuralmente para fomentar la inversión en títulos de empresas europeas. La administración fiscal y el Tesoro habían cuestionado durante el verano la coherencia de esta práctica, al considerar que la ventaja fiscal del PEA no debería servir para financiar indirectamente los mercados financieros estadounidenses.
Lo que estaba en juego en este expediente era considerable, afectando directamente a más de 7 millones de planes de ahorro, que representan un capital total estimado en casi 126.000 millones de euros. Para los inversores, la exclusión de estos ETF habría supuesto la pérdida de acceso a una diversificación mundial manteniendo al mismo tiempo una fiscalidad ventajosa. En efecto, tras cinco años de tenencia, las plusvalías obtenidas dentro de un PEA están exentas del impuesto sobre la renta y solo están sujetas a las contribuciones sociales del 18,6 %, frente a una carga fiscal mucho más elevada en una cuenta de valores ordinaria.
Aunque esta postura ministerial aporta una claridad necesaria, es preciso mantener la vigilancia. Pese a que el gobierno se ha comprometido a no modificar las reglas de elegibilidad actuales, el texto definitivo del proyecto de ley de presupuestos 2027, que se examinará en otoño, constituirá el paso final para confirmar el abandono definitivo de estas restricciones. Por ahora, los ahorradores pueden continuar con su estrategia de inversión sin temor a una interrupción brusca en la gestión de sus activos internacionales dentro de su vehículo fiscal preferente.