La economía francesa atraviesa una zona de fuertes turbulencias, rozando por poco la recesión técnica. Durante el segundo trimestre, el producto interior bruto (PIB) se mantuvo estrictamente estable, tras una contracción del 0,2 % en los tres primeros meses del año. Las previsiones oficiales han sido revisadas claramente a la baja, situando el crecimiento anual acumulado en solo un 0,3 %, es decir, menos de la mitad del objetivo gubernamental fijado en el 0,7 %. Para aspirar a alcanzar esta meta, ahora poco realista, la segunda economía de la eurozona debería registrar un repunte vigoroso del 0,5 % en cada uno de los dos últimos trimestres, un escenario considerado muy improbable en el contexto actual.

Esta atonía de la actividad pesa directamente sobre los hogares, cuyo poder adquisitivo por unidad de consumo se contrajo un 0,6 % en el segundo trimestre, acumulando un descenso del 0,7 % interanual. Para mantener su nivel de consumo frente a una inflación que volvió a subir al 2,4 % en agosto, impulsada por los precios de la energía, las familias han tenido que recurrir a sus ahorros. Como consecuencia, la tasa de ahorro retrocedió del 17,9 % al 17,2 %. Por parte de las empresas, la inversión también acusa un nuevo descenso del 0,3 %, lo que ilustra una prudencia generalizada de los agentes económicos que frena la recuperación.

La señal más alarmante proviene, sin embargo, de los mercados de bonos, donde los tipos de interés de la deuda pública registran una subida inédita. El rendimiento del OAT a 10 años ha superado el 4,1 %, alcanzando su nivel más alto desde 2008, mientras que el diferencial con el Bund alemán se ha ampliado a 90 puntos básicos. Con una deuda pública que asciende al 117,5 % del PIB y un déficit presupuestario mantenido en el 5,1 %, Francia sufre un encarecimiento mecánico del coste de su deuda. Esta situación deteriora la percepción del riesgo soberano francés y aumenta la amenaza de sanciones por parte de las agencias de calificación.

Este deterioro coyuntural se produce en un clima político especialmente tenso, marcado por un Parlamento fragmentado y la cercanía de la sucesión presidencial de 2027. La ausencia de una trayectoria presupuestaria consensuada genera grandes incertidumbres sobre la aprobación de los futuros presupuestos. En caso de bloqueo institucional que obligue a recurrir a una ley de prórroga presupuestaria de emergencia, el déficit público podría agravarse en 0,5 puntos de PIB adicionales. El Ejecutivo se enfrenta así a un dilema complejo: restaurar con urgencia su credibilidad financiera ante los inversores internacionales, evitando al mismo tiempo asfixiar una actividad económica ya moribunda.