Ante el fracaso de su iniciativa legislativa nacional, censurada este verano por el Consejo Constitucional por atentar desproporcionadamente contra la libertad de expresión, Emmanuel Macron intenta ahora imponer su visión a escala comunitaria. En una misiva dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el jefe de Estado francés aboga por una armonización europea que prohíba el acceso a las plataformas sociales a los menores de 15 años. Esta estrategia busca sortear las trabas jurídicas francesas estableciendo una «mayoría digital» uniforme en todo el territorio europeo.
Más allá de la simple prohibición de acceso, esta ofensiva legislativa aspira a imponer restricciones estrictas a los algoritmos de las plataformas. El presidente desea que Bruselas legisle sobre la limitación de las funcionalidades adictivas e instaure estándares de seguridad obligatorios por defecto, tales como salvaguardas sobre el tiempo de conexión. Aunque la intención declarada es proteger a los jóvenes, el proyecto se topa con la complejidad de su implementación técnica y ética, especialmente en lo relativo a los sistemas de verificación de edad.
El principal punto de fricción reside en la tensión entre la protección de los menores y la protección de la privacidad. La puesta en marcha de sistemas robustos de control de identidad implica inevitablemente una recopilación masiva de datos personales, un tema sensible que cristaliza la oposición de los defensores de las libertades civiles. Si bien la Comisión Europea explora vías de acceso gradual según la edad, la postura francesa sigue siendo notablemente más restrictiva, tratando de sumar a una coalición de países miembros en torno a su umbral de los 15 años.
Para el sector tecnológico y los actores del Web3, estas discusiones conllevan retos fundamentales. Cualquier generalización de la identificación en línea podría acelerar el despliegue de una identidad digital europea, alterando profundamente las condiciones de acceso a los servicios descentralizados y a las plataformas. Mientras el gobierno francés prepara simultáneamente un nuevo texto legislativo nacional con mayor solidez jurídica para su aplicación antes de 2027, el resultado de estas negociaciones en Bruselas definirá el futuro marco regulatorio de la interacción de los menores con el ecosistema digital europeo.