El legislador ruso se dispone a dar un paso determinante para el ecosistema de los activos digitales. El 21 de julio, la Duma Estatal llevará a cabo la votación final del proyecto de ley 1194918-8, un texto estructurante destinado a poner fin a años de divergencias políticas entre el Banco Central y el Ministerio de Finanzas. Este marco legal busca institucionalizar el lugar de las criptomonedas en la economía nacional otorgándoles el estatus jurídico de "bien", al tiempo que confiere a la autoridad monetaria rusa un poder ampliado de supervisión y concesión de licencias.
Para los inversores particulares, esta regulación establece un dispositivo gradual. Si bien los inversores «no cualificados» podrán acceder al mercado, esta apertura permanece estrictamente limitada por la necesidad de superar un test de conocimientos. Con el fin de limitar la exposición al riesgo, las compras estarán topadas en 300 000 rublos al año por intermediario, mientras que las transferencias transfronterizas para estos mismos perfiles se limitarán a 100 000 rublos. Por el contrario, los inversores cualificados disfrutarán de umbrales notablemente más elevados, lo que ilustra una voluntad de regular los flujos a la vez que se favorece la adopción progresiva del sector.
Uno de los retos principales de esta reforma reside en la elusión de las sanciones internacionales. La ley legaliza oficialmente el uso de activos digitales para los pagos comerciales transfronterizos, ofreciendo a los exportadores e importadores rusos una palanca estratégica para agilizar sus intercambios exteriores. Esta maniobra va acompañada, no obstante, de un endurecimiento notable contra las plataformas informales. El trading entre particulares (P2P) mediante tarjetas bancarias nacionales está destinado a desaparecer antes de 2027, ya que las autoridades exigirán a partir de ahora un registro obligatorio para cualquier servicio de intercambio que supere volúmenes mensuales de 3,5 millones de rublos.
En cuanto a la privacidad, el texto final marca un retroceso frente a las ambiciones iniciales del regulador. La controvertida obligación de declarar las direcciones de monederos digitales ha sido descartada en favor de una simple declaración de saldos y volúmenes de transacciones. Esta concesión refleja un equilibrio precario entre el deseo de vigilancia estatal y la necesidad de no asfixiar el atractivo del mercado. Una vez validado por la Duma, el texto deberá superar todavía el trámite del Consejo de la Federación antes de ser promulgado, marcando así una integración completa de la minería y el trading de criptoactivos dentro del arsenal legislativo ruso.