Durante su reciente cumbre en Asheville, los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 realizaron un cambio semántico significativo respecto a los activos digitales. Al dejar atrás el discurso centrado exclusivamente en los riesgos macrofinancieros, la instancia internacional reconoce ahora el potencial de las tecnologías vinculadas a la blockchain como vectores de crecimiento económico e innovación privada. Este giro, aunque formulado como una declaración de la presidencia y no como un consenso unánime vinculante, marca una voluntad firme de definir marcos regulatorios más predecibles para el sector.

En el centro de esta reflexión, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) desempeña un papel fundamental. El desafío es importante: el mercado de las stablecoins ha experimentado un crecimiento exponencial, pasando de unas pocas decenas de miles de millones a cientos de miles de millones de dólares en solo unos años. Sin embargo, los reguladores tienen dificultades para obtener una visibilidad precisa sobre la composición de las reservas y los flujos transfronterizos reales. Bajo la dirección de Andrew Bailey, el FSB deberá proponer mecanismos de vigilancia más precisos, aplicando al mismo tiempo el principio de regulación idéntica para actividades que presentan riesgos comparables.

La cuestión de la eficiencia en las transferencias monetarias constituye el otro pilar de esta hoja de ruta. Ante la celeridad de los sistemas descentralizados, que operan de forma ininterrumpida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el G20 insta a sus miembros a ampliar los horarios de funcionamiento de sus sistemas de pago mayoristas (RTGS). Esta urgencia viene dictada por una realidad competitiva: las transferencias a través de stablecoins cubren las brechas de las infraestructuras bancarias tradicionales, a menudo ralentizadas por los cierres durante los fines de semana o los desfases horarios. El objetivo cuantificado sigue siendo ambicioso, con miras a una reducción drástica de los plazos y costes de transacción para el horizonte 2027.

Si bien el G20 parece estar ahora siguiendo el ritmo del mercado, varias zonas económicas ya se han adelantado. El reglamento MiCA en Europa, el GENIUS Act en Estados Unidos o la adopción de monedas digitales privadas en Japón ilustran una fragmentación regulatoria que el G20 busca armonizar. La cumbre de jefes de Estado prevista para diciembre será la ocasión crucial para transformar estas intenciones políticas en un calendario operativo. Se trata, para las grandes potencias, de dejar de estar a merced del auge de las finanzas digitales y pasar a asegurar su desarrollo dentro de un marco formal y estructurado.