El marco regulatorio europeo que supervisa los criptoactivos atraviesa un periodo de reajuste crítico en lo referente a las exigencias aplicadas a las monedas estables. Desde la entrada en vigor del reglamento MiCA y la obligación de obtener una licencia como proveedor de servicios de criptoactivos, el mercado europeo se ha fragmentado. Uno de los puntos de fricción más importantes reside en la imposición de inmovilizar el 60 % de las reservas financieras en forma de depósitos bancarios tradicionales. Considerada excesivamente rígida y arriesgada por varios gigantes del sector, esta cláusula ha llevado al emisor de la principal stablecoin mundial, Tether, a excluir al mercado comunitario de sus planes de autorización, lamentando un marco que perciben como punitivo para el ecosistema de activos digitales.

Paradójicamente, la contestación a esta disposición ya no proviene únicamente de las empresas tecnológicas, sino también de las autoridades monetarias de la Unión Europea. El Sistema Europeo de Bancos Centrales, que reúne al Banco Central Europeo junto con las veintisiete instituciones nacionales, ha expresado públicamente sus reservas sobre esta obligación. Los analistas centrales subrayan que, al forzar la retención de volúmenes masivos de fondos en bancos comerciales, la regulación corre el riesgo de desestabilizar la estructura financiera de las entidades bancarias. La sustitución de depósitos minoristas estables por capitales de emisores de stablecoins —por naturaleza muy volátiles y sensibles a las turbulencias del mercado— supondría un riesgo sistémico nada despreciable para el sector bancario.

Para mitigar estas vulnerabilidades, los bancos centrales estudian una reforma de los requisitos de gestión de tesorería para los criptoactivos respaldados por monedas soberanas. La propuesta busca sustituir el dogma del 60 % de depósitos por una obligación de tenencia de activos líquidos de alta calidad. El nuevo esquema impondría un ratio de activos cuya madurez se sitúe entre uno y cinco días hábiles, garantizando una convertibilidad casi inmediata sin sobreexponer a la banca comercial a fugas repentinas de capital. Esta mayor flexibilidad podría cambiar las reglas del juego en cuanto al cumplimiento normativo para aquellos actores internacionales que aún dudan.

Paralelamente a la cuestión de las reservas, los reguladores europeos están revisando su postura sobre las stablecoins denominadas de «emisión múltiple», cuya acuñación se realiza simultáneamente dentro y fuera de la Unión Europea. Hasta ahora proscritos por el estricto marco normativo de MiCA, estos tokens globales podrían recibir autorización si se aprueba una enmienda legislativa. Este texto revisado introduciría un mecanismo de evaluación de equivalencia jurídica, garantizando que las normas aplicadas en el extranjero ofrezcan garantías comparables al derecho europeo. Tal apertura marcaría un punto de inflexión decisivo para la conectividad de Europa con el mercado global de criptoactivos, preservando al mismo tiempo la soberanía financiera de la eurozona.