El gigante de los índices bursátiles MSCI se encuentra en el centro de una importante controversia tras haber sometido a consulta una propuesta para modificar los criterios de elegibilidad de sus índices globales. El proyecto en cuestión sugiere excluir a aquellas empresas cuyos activos operativos representen menos del 50 % de su balance general, imponiéndoles pruebas financieras draconianas. Para Strategy, referente en la adopción institucional de bitcoin, esta maniobra no es más que un intento encubierto de expulsar a las sociedades con tesorería en criptomonedas del panorama financiero tradicional.
La dirección de Strategy ha reaccionado con firmeza, calificando esta iniciativa de arbitraria y discriminatoria. Según la empresa, los conceptos de activos operativos y no operativos utilizados por MSCI carecen de fundamentos jurídicos y contables sólidos, ya sea bajo las normas estadounidenses o internacionales. Es más, la firma señala una incoherencia flagrante en el tratamiento de sus reservas de bitcoin: mientras que MSCI los clasifica como activos no productivos, la SEC ha validado el tratamiento de estos activos como un componente esencial del núcleo de negocio de la sociedad, integrando sus variaciones en sus gastos operativos.
Más allá del caso específico de Strategy, el desafío es sistémico. Una exclusión de los índices globales provocaría mecánicamente la venta forzosa de los títulos por parte de fondos indexados pasivos, afectando a inversores institucionales de primer nivel, como el fondo soberano noruego, cuya exposición al bitcoin depende en gran medida de estos instrumentos. La firma denuncia una selectividad preocupante, subrayando que este nuevo filtro curiosamente perdonaría a otros sectores de alta intensidad de activos, como el inmobiliario o las infraestructuras, apuntando así específicamente al ecosistema digital.
Mientras la consulta pública tiene previsto cerrarse el próximo 30 de septiembre, aumenta la presión sobre MSCI para que revise su propuesta antes del anuncio de su decisión final, previsto para el 16 de octubre. Strategy exige, si no una retirada definitiva de la propuesta, que los criterios se respalden en normas contables objetivas y transparentes. Esta secuencia cristaliza un debate de fondo crucial para el sector financiero: la necesidad de definir si una empresa cuya estrategia se basa en la tenencia de activos digitales constituye una entidad productiva o una simple estructura financiera, un arbitraje que podría rediseñar de forma duradera la composición de los índices de referencia mundiales.