Una coalición de seis Estados miembros de la Unión Europea, liderada por Berlín, presiona para instaurar un impuesto excepcional a los beneficios extraordinarios de los gigantes del sector del petróleo y el gas. Esta iniciativa, que ocupará un lugar central en las discusiones durante la próxima cumbre de ministros de Finanzas en Dublín, busca captar los beneficios considerados desmedidos generados por la volatilidad de los precios mundiales y las perturbaciones logísticas, especialmente en Oriente Medio. Para los países impulsores, estos márgenes, que superan ampliamente el alza natural del crudo, justifican una mayor contribución de las grandes empresas energéticas a la solidaridad europea.
En el centro de esta ofensiva se encuentra TotalEnergies, cuyos recientes resultados financieros lo convierten en un objetivo prioritario. El grupo francés, que registró un incremento del 73 % en su beneficio neto mundial en un año, podría verse obligado a pagar entre 500 millones y mil millones de euros, según las tasas contempladas por Bruselas. En respuesta, la dirección del estandarte galo ya ha esgrimido la amenaza de eliminar sus mecanismos de limitación de precios de los combustibles en sus estaciones de servicio, subrayando el riesgo de una doble imposición perjudicial para su estrategia de inversión.
El debate plantea una problemática jurídica importante: la capacidad real de la Unión Europea para legislar en un ámbito fiscal que, en principio, requiere la unanimidad de los Estados. Para sortear este bloqueo, la coalición podría intentar invocar el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la UE, una herramienta que permite decretar medidas de urgencia en caso de crisis económica grave. Aunque esta vía ya se utilizó en 2022, sigue siendo un terreno inestable y controvertido, habiendo rechazado la Comisión una solicitud similar la pasada primavera por prudencia institucional.
Esta nueva fricción debilita a un eje franco-alemán ya puesto a prueba por divergencias profundas en materia de defensa, espacio y energía nuclear. Para Francia, la imposición a su campeón nacional llegaría en un momento crítico, mientras las finanzas públicas están bajo presión ante el aumento de los costes de endeudamiento y el nerviosismo de las agencias de calificación. El desenlace de la cumbre de septiembre será, por tanto, determinante, no solo para los balances contables de las grandes compañías europeas como ENI o Repsol, sino también para la cohesión de una Unión Europea cada vez más dividida en torno a su soberanía fiscal y económica.