En una maniobra estratégica destinada a desbloquear la CLARITY Act, el presidente estadounidense ha accedido recientemente a una reforma profunda de las normas éticas vinculadas al texto. Tras meses de bloqueo legislativo, la administración ha aceptado cerca del 80 % de las exigencias planteadas por una coalición de legisladores demócratas y republicanos. Este compromiso, fundamental para obtener los 60 votos necesarios para el procedimiento de votación previsto este martes en el Senado, marca un punto de inflexión en los debates sobre la regulación de activos digitales en Estados Unidos.

El núcleo de este acuerdo radica en una exigencia de mayor transparencia y en una limitación estricta de los conflictos de interés. A partir de ahora, los cargos electos federales, sus cónyuges y los jueces federales estarán obligados a vender sus participaciones significativas en empresas emisoras de criptomonedas o, en su defecto, a depositarlas bajo la gestión de un fideicomiso ciego. Esta medida corrige una laguna flagrante del texto original que, al limitarse a prohibir la simple emisión de activos, dejaba intactas las carteras financieras personales, las cuales son objeto de duras críticas debido a las actividades empresariales de la familia presidencial en el sector.

Más allá de la ética, el dispositivo refuerza las capacidades operativas de las autoridades al permitir que los fiscales generales de los estados colaboren con el Departamento de Justicia para sancionar a las plataformas de intercambio infractoras. Este ajuste legislativo se percibe como una condición *sine qua non* para armonizar la supervisión de los mercados. Actualmente, la ausencia de un marco legal global obliga a la SEC y la CFTC a multiplicar los procedimientos caso por caso, generando una inestabilidad jurídica que la CLARITY Act tiene precisamente la misión de resolver mediante la clarificación de las competencias de cada regulador.

El resultado de la votación del martes sigue siendo incierto, ya que el contenido del 20 % de las medidas rechazadas por la Casa Blanca permanece bajo opacidad. Si el texto se aprueba, establecería finalmente unas reglas de juego uniformes para toda la industria, poniendo fin a la fragmentación regulatoria actual que penaliza a los actores del mercado. En caso de fracaso, el sector deberá lidiar con una regulación híbrida y conflictiva, impulsada por agencias que actúan de forma independiente en un clima de litigios permanentes, lo que prolongaría la incertidumbre que pesa sobre la innovación digital al otro lado del Atlántico.